Solución eficaz de controversias mediante arbitraje acelerado

*Dr. Eduardo Poblete Castillo

En la denominación al tema de este artículo, dos conceptos provocan la necesidad de precisarlos en su justo contexto: el concepto de eficaz, como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, que sin lugar a dudas también, en sentido lato, lo tiene el sistema judicial, con sus limitaciones, y el concepto de acelerado, cuya connotación no ha sido siempre característica de la impartición de justicia en su implicación de pronta y expedita.

El Arbitraje es eficaz, en cuanto a que sobre sus beneficios cabe mencionar la economía en tiempo y costos, la flexibilidad, el control por las partes, la neutralidad, la sencillez del procedimiento, la confidencialidad y la competencia; eficacia más en sentido estricto.

La eficacia es el eslabón perdido del sistema judicial, que en el arbitraje acelerado, de baja cuantía o fast track, sí logra concatenación si se atiende a que en el primero, costos y tiempo pueden hacer las diferencias entre los relativos derechos jurídicos de las partes y en el segundo, los mismos costos y tiempos, al ser reducidos casi empatan la fuerza legal de las partes, dan una mayor equidad.

Y es arbitraje acelerado, no solo por su identificación con su acepción gramatical como aumento gradual de la velocidad en un movimiento o acción, que igualmente el sistema judicial, ahora a través de los juicios orales lo contiene, sino porque se corresponde con la vertiginosidad de la vida comercial actual, cuyos cotidianos conflictos, requieren de soluciones rápidas, que no por ello menos eficaces, para coadyuvar con la dinamización de la economía que generan, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, eslabones determinantes en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo, que por sus cuantías, en casos de controversia, son las de mayor demanda del arbitraje acelerado.

La resolución formal de disputas en los tribunales, es costosa en todas las sociedades, dice Mario Cappelletti en el "Proyecto Florencia"; investigación que coordinó publicada en cuatro tomos con el título "El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos".

Siendo el acceso a la justicia un derecho social básico, no hay quien, ante un litigio enfrente como problema una primera preocupación: ¿Cuánto me cuesta ganar, aunque el derecho me asista si el tiempo corre en mi contra y con ello tanto el de por si alto costo como el aumento del mísmo para defenderme me impone el riesgo de perder?

-La posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación efectiva-

-El acceso a la justicia es igualitario de derecho, mas no de hecho-

Las controversias por baja cuantía están íntimamente relacionadas en el universo de la industria y producción de bienes y servicios con las Pymes cuya presencia en el mundo ocupan el mayor porcentaje en número de unidades productivas en la economía de los países, con su consecuente generación de empleos.

Así como hay indicativos estadísticos para medir la pobreza como alimentarios, nutricionales, patrimoniales, educativos, y demás; si se llevara a cabo un estudio estadístico sobre la pobreza legal, esto es: falta de acceso a la justicia, por desconocimiento de derechos, falta de recursos, aplicación de la justicia en tiempos no razonables que se convierte en justicia inaccesible para muchas personas, se encontrarían, una vez superados los escollos, los caminos para abatir los demás aspectos de la pobreza.

El arbitraje acelerado asumido como instrumento social de la economía, promovido como cultura, y constituido en paradigma de la solución de conflictos, hará de la atención a la baja cuantía, la más alta aportación social en el siglo XXI.